Una vez se ha determinado que tribunales españoles son competentes para conocer de la demanda, y concretada la clase de órgano judicial de entre los que integran el orden jurisdiccional civil para conocer del pleito en primera instancia, aun es necesario dar otro paso con el objetivo de averiguar cuál de los órganos de aquella clase existentes en el territorio del Estado Español es concretamente el que se tiene que ocupar del caso.
Las normas de competencia territorial sirven para realizar esta determinación. Según el criterio anterior, la competencia territorial no era cuestión de orden público, o lo que es lo mismo, resultaba disponible para la partes sobre este tipo de competencia, de manera que el número de reglas legales imperativas es creciente.
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